Opinión

La Prensa no tiene quien la defienda

La última encuesta publicada por Ipsos da cuenta de que únicamente el 15% de la población del país está informada sobre el proyecto de ley de medios promovido por las congresistas Úrsula Letona y Alejandra Aramayo, de Fuerza Popular

23 de Abril del 2017 - 07:18 Pedro José de Zavala

La última encuesta publicada por Ipsos da cuenta de que únicamente el 15% de la población del país está informada sobre el proyecto de ley de medios promovido por las congresistas Úrsula Letona y Alejandra Aramayo, de Fuerza Popular. De aquellos que sí están informados, el 53%, es decir, el 8% de la población total, está de acuerdo en que hay que mantener alejados a los corruptos de los medios y el 39% de los informados -casi el 6% de la población- cree que este proyecto puede ser utilizado para interferir con la prensa en el país.

Lo sorprendente de este dato es lo poco informada que está la población sobre un hecho tan relevante. A pesar de la importante cobertura que ha tenido esta iniciativa legislativa -sobre todo en los medios escritos-, la baja repercusión puede deberse, entre otras causas, a que la cobertura de los medios impresos alcanza a menos del 50% de la población. Sin embargo, lo más probable es que una cifra tan baja tenga más que ver con la poca credibilidad que tienen los medios actualmente, como lo muestra Datum con el estudio presentado en enero de este año, donde el 72% de los encuestados cree que la prensa está parcializada, el 73% cree que la prensa busca únicamente el escándalo y el 67% cree que la prensa está parcializada a favor del Gobierno para no perder los ingresos de la inversión publicitaria del Estado.

Lo que parecen indicar estas cifras es que, de una u otra manera, la prensa es responsable de no tener el respaldo de los ciudadanos. Es la prensa misma la que no solo ha perdido relevancia en el tiempo, sino además credibilidad.

La situación actual de la prensa no avala de ningún modo el proyecto de ley presentado por Letona y Aramayo (ni ningún otro proyecto que pretenda debilitarla o ponerla en riesgo). Por el contrario, el Congreso debería velar por que contemos con un marco jurídico que asegure una irrestricta libertad de expresión en todo el país.

Todos los periodistas, así como los accionistas de los medios, deberían hacer una profunda reflexión sobre la situación actual. Deben entender la responsabilidad que tienen con el país y hacer lo que esté en sus manos para recuperar -en el menor plazo posible- la credibilidad y su llegada a la población. Estos son los activos más importantes de un medio periodístico y es en lo que hay que invertir, pues son la credibilidad y la influencia las que harán que la sociedad se sume a la lucha contra los ataques a la libertad de expresión, evite los intentos de restringirla y cuide con ello la democracia.

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