Si el Congreso va a seguir demorando, por razones más que sospechosas, la vista de los casos que pesan sobre el congresista antaurista Edgar Alarcón, quien tiene que responder por seis denuncias constitucionales por presuntos delitos cometidos en sus tiempos de contralor, por lo menos se le debería retirar de inmediato de la Comisión de Fiscalización que preside, pues su sola presencia en ese grupo de trabajo hace un flaco favor a la lucha contra la corrupción.
El legislador Alarcón es uno de los personajes más cuestionados y controvertidos de nuestra variopinta política. Recordemos que el Congreso anterior lo echó de la Contraloría en medio de un gran escándalo. Y si bien el Poder Judicial no ha emitido aún una sentencia condenatoria contra él, sería bueno que, por la salud del actual parlamento, no esté en la Comisión de Fiscalización pues empaña cualquier investigación que tenga en sus manos.
Alarcón alega que no ha sido sentenciado, que mientras tanto es inocente y que nada impide su permanencia en el Congreso y la Comisión de Fiscalización. Desde el punto de vista legal –o legalista– tiene razón. Sin embargo, el Poder Legislativo es un foro político y bajo ese criterio la permanencia del señor en ese grupo de trabajo encargado de investigar y recomendar sanciones en presuntos casos de corrupción, es insostenible.
La muy necesaria lucha contra la corrupción, sea desde el sistema de justicia o el Congreso, no puede ser “contaminada” por situaciones que a la larga favorecen a los investigados que al tener que comparecer ante personajes como el congresista Alarcón o fiscales y jueces parcializados o politizados, se ven favorecidos frente a los ojos de la opinión pública que pide a gritos sanciones para los que han defraudado su confianza.
Hace mucho que el Congreso ha debido relevar a Alarcón, quien jamás debió estar en la Comisión de Fiscalización en tiempos en que la corrupción brota por todos lados. Sin embargo, qué se puede esperar de este Parlamento que en sus pocos meses de existencia se la ha pasado dando normas ilegales y populistas que más adelante, cuando sus miembros vuelvan a estar en el olvido, estallarán en la cara a miles de peruanos.
