El anuncio de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de iniciar un proceso disciplinario inmediato, que podría concluir con una destitución, contra los fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Galvez, y los jueces supremos Martín Hurtado y Aldo Figueroa, debe ser seguido de cerca porque determinará el camino que seguirá la institución más nueva del Estado.

Los cuatro mencionados están inmersos en las investigaciones contra Los Cuellos Blancos del Puerto. Esta organización, según los fiscales que llevan el caso, había tomado puestos claves en el sistema de justicia y se valía de sus integrantes para hacer que el Poder Judicial dé fallos favorables a sus intereses.

Precisamente esto es lo nos obliga a seguir de cerca el proceso iniciado por la Junta Nacional de Justicia, organismo creado para reemplazar al disuelto Consejo Nacional de Magistratura en la labor de nombrar, revocar o ratificar jueces y fiscales, ya que su resultado, sea cual fuere, permitirá vislumbrar si se producirá o no la tan ansiada reforma del Poder Judicial.

La labor del JNJ es titánica porque, además de los cuatro mencionados, sus siete miembros también deberán resolver los procesos abiertos contra más de 100 jueces y fiscales de todo el Perú.