Implementar la reconciliación como política nacional implica partir de ciertas premisas necesarias, la principal, la más importante, creo yo, es la adscripción voluntaria del gobierno a la tradición cristiana del Perú. Y esto no es baladí en absoluto. No estamos hablando, por ejemplo, de una apuesta por el maquiavelismo político, ni por el realismo hobbesiano, tampoco de una inclinación más o menos manifiesta por el eclecticismo relativista que tantas adhesiones ha provocado en el espectro del centro-derecha latinoamericano. Si la presidenta señala, como lo ha hecho en su discurso, que reconoce la impronta de la Iglesia Católica en la historia del país, esto significa que ve en esa huella algo positivo y fundacional.

En efecto, es importante enfocar esta política de reconciliación nacional en la tradición más amplia y sólida del cristianismo. Necesitamos unir al país por encima de las diferencias artificiales que han sido alimentadas durante un cuarto de siglo por los destructores de la síntesis nacional, parafraseando a ese gran diplomático que fue Víctor Andrés Belaunde. Sí, así es, urge derribar los muros del sectarismo, es preciso acabar con la procesión de las larvas grises de la corrupción impenitente, con ese rastacuerismo estatal que tanto daño nos ha hecho. Bien decía San Agustín que “si de los Gobiernos quitamos la justicia, ¿en qué se convierten sino en bandas de ladrones a gran escala? Y estas bandas, ¿qué son sino reinos en pequeño?”. Reconciliar es devolver al país el mínimo de justicia que necesitan los más pobres para buscar un desarrollo sostenible de acuerdo con la doctrina social de la Iglesia.

La conclusión de esta opción por la reconciliación es la paz y el desarrollo. Lo otro, la guerra, la violencia maniquea, el terrorismo sin perdón, ya sabemos a dónde nos conduce.

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