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La promulgación de cuatro leyes referidas a la reforma política es un paso hacia la modernización de nuestra democracia. Si bien es el tema central que hoy tiene paralizado al país, es significativo el avance al respecto sobre la democracia interna, la eliminación del voto preferencial y la paridad y alternancia, así como la inscripción y el financiamiento de los partidos.

Decimos que tiene paralizado al país porque, en teoría, fue uno de esos acápites de la reforma política -el de la eliminación de la inmunidad parlamentaria- el que originó la propuesta de adelanto de elecciones generales para el 2020, según anunció el jefe de Estado el pasado 28 de julio.

Sería interesante conocer la reglamentación de los cambios constitucionales, como la manera en que nuestros órganos competentes vigilarán la transparencia con que se llevarán a cabo las elecciones internas de las agrupaciones políticas. Esto último para que las normas no queden solo en el papel.

De igual manera, sería importante el cumplimiento de la paridad y la alternancia de candidaturas. Evitar que estas sean utilizadas como instrumentos solo para hacerle caso a la ley y no por un tema de derecho. Lo que se requiere es que sea una propuesta bajo parámetros democráticos.

El derecho a la inmunidad parlamentaria y los requisitos para ser candidato a un cargo público son dos puntos que han quedado excluidos del debate. Sobre lo primero, la propuesta del Ejecutivo pasa por evitar que el Congreso se convierta en juez y parte al momento de procesar a algún parlamentario. Mientras que las prohibiciones para tentar algún puesto público se centran en evitar que personas procesadas penalmente se cobijen bajo el manto protector del poder político. Ojalá lleguemos a buen puerto.