La renovación del TC

Esta semana debe comenzar el proceso de elección, por parte del Congreso, de seis de los siete miembros del Tribunal Constitucional (TC), los que ojalá estén lo más alejados posibles de posturas ideológicas y partidarias, en vista de que su función podría ser vital en los próximos meses, tanto para resolver si es constitucional o no la eventual cuestión de confianza por el adelanto de elecciones, como para corregir posibles excesos de fiscales y jueces en casos de corrupción.

Como van las cosas, sería el TC el que tendría que decidir si el presidente Martín Vizcarra puede o no plantear una cuestión de confianza al Congreso por el adelanto de elecciones. Si esto es constitucional de acuerdo con la mayoría de los votos de los magistrados, el Poder Legislativo podría ser cerrado si decide no dar luz verde a la propuesta del Poder Ejecutivo. Hasta el momento, los constitucionalistas no se ponen de acuerdo sobre este delicado asunto.

No se descarta que los actuales miembros del TC sean los que resuelvan la gran duda existente hoy en caso el Legislativo presente una acción de competencia. Sin embargo, si en los próximos días hay consenso en el Congreso y los candidatos están a la altura de las circunstancias, es de esperarse que en unas semanas ya tengamos el reemplazo de los seis magistrados cuyos mandatos vencieron hace varios meses. Solo uno de ellos, Augusto Ferrero Costa, permanecerá en el cargo.

De otro lado, el TC también tendrá que resolver muchos casos de excesos del Ministerio Público y del Poder Judicial, principalmente en materia de prisión preventiva. Ya vimos cómo el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia tuvieron que ser excarcelados antes de tiempo. Esta semana, los actuales magistrados verán el caso de Keiko Fujimori, y es fácil suponer que más adelante vendrán más hábeas corpus similares.

Necesitamos constitucionalistas de verdad y no políticos asolapados. El país atraviesa un momento crucial como para estar recurriendo a las “repartijas” o a los acomodos para poner a los amigos y compañeros de ruta en el ente máximo de interpretación de la Carta Magna. El futuro del país y la credibilidad de la justicia están en juego. El Congreso tiene una gran responsabilidad y es de esperarse que, pese a sus antecedentes, esté a la altura del reto.