La semana de representación de los congresistas tuvo el objetivo inicial de que no se pierda la conexión entre la ciudadanía y su representante en el Legislativo. Pero, como toda norma que implica uso de dinero del fisco, suele ser una tentación transgredirla. Por eso, los congresistas Segundo Tapia, Karina Beteta, Mario Mantilla, César Segura, Freddy Sarmiento y Jorge Castro son pasibles de la investigación preliminar del Ministerio Público por peculado doloso y falsedad ideológica, tras un informe de Cuarto Poder.

Lamentablemente, estos casos sobre el mal uso de la semana de representación no serán los primeros en conocerse, ni tampoco los últimos, si se mantienen los flojos controles del Parlamento. Si un medio de comunicación no hubiese revelado cómo es que algunos legisladores cobran S/2800 cada mes sin siquiera ir a su provincia de origen, todo estaría fluyendo con normalidad. Es más, solo una declaración jurada basta para sustentar los gastos de representación de los parlamentarios de provincias. Y para darle más credibilidad, se adjuntan fotografías sobre las acciones emprendidas en dicho lapso.

Otros, en cambio, envían a sus asesores para que los representen en la semana de representación. Esta medida desnaturaliza el objetivo inicial, que es conectarse con su población, escuchar los problemas de su región.

Pero estos gastos no son exclusividad de los congresistas de provincias: también los hay de la capital. Cobran por desplazarse en Lima a ofrecer entrevistas o reuniones particulares que nada tienen que ver con la función parlamentaria. Consideramos que no es suficiente la medida adoptada por el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, de prohibir las salidas al extranjero en estas semanas de representación. Se debería contar con un mayor control de los gastos, así como evitar que los asesores vayan en reemplazo de legisladores.