Después de una jornada maratónica, marcada por suspensiones, reconsideraciones y fuertes discrepancias, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría delegar al Poder Ejecutivo facultades legislativas durante 90 días en materia de seguridad ciudadana y frente al fenómeno El Niño. La decisión, adoptada tras más de diez horas de debate y luego de una primera votación adversa, deja la impresión de que, en determinados momentos, el debate parlamentario estuvo más concentrado en demostrar quién tenía la capacidad de imponer su posición que en construir una respuesta eficaz a dos problemas que no admiten demoras.

Ahora la responsabilidad pasa al Senado. Por tratarse de una delegación de facultades, el proyecto debe ser revisado por la Cámara Alta, que podrá modificar el texto antes de devolverlo a Diputados, de acuerdo con las reglas constitucionales del nuevo sistema bicameral. Será, por tanto, una primera prueba para ambas cámaras: no solo deberán discutir el contenido de la propuesta, sino también demostrar que pueden relacionarse con respeto, equilibrio y disposición al consenso. El Senado no debería actuar como una instancia de confrontación ni los diputados asumir cualquier modificación como una afrenta a su autoridad.

Este episodio puede convertirse en un precedente para todo el quinquenio. La bicameralidad no tendrá sentido si ambas cámaras terminan enfrascadas en una permanente disputa por espacios de poder.

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