Nadie podría cuestionar jurídicamente la decisión soberana de Nicaragua de alejarse de la Organización de los Estados Americanos – OEA, creada en 1948 por voluntad de las naciones del continente que contrariamente a desaforarse, decidieron reafirmar el panamericanismo. Es facultad de los Estados en su calidad de sujetos del derecho internacional, consagrada en la propia Carta del mayor foro político del hemisferio, cuyo artículo 143 establece el proceso de denuncia del tratado, es decir, proceso para desligarse jurídicamente del instrumento internacional, y que debemos reconocer, es completamente compatible con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Pero ¿en verdad será que debemos mirar a la decisión del régimen de facto de Daniel Ortega como una de pura naturaleza jurídica? Sin que como internacionalista relativice al derecho internacional –jamás lo haría–, debo decir con seriedad que por supuesto que no. A mis alumnos siempre les digo que analizar los acontecimientos únicamente desde la norma jurídica internacional, resultará realmente limitado o insuficiente. Ningún Estado relevante en términos de poder global como por ejemplo, EE.UU., el hegemón del planeta, siquiera se atrevería a sancionar desde el derecho a Nicaragua porque sencillamente no es posible dado que Nicaragua como EE.UU, son iguales ante la ley internacional. De ser así, Ortega actuaría a sus anchas y frescamente seguiría haciendo y deshaciendo en el país. Pero así no se producen las relaciones interestatales. Lo que EE.UU. y las naciones adictas por alianza o patería a Washington, sí podrían promover son sanciones económicas sobre la dictadura de Managua en la idea de presionar a la tiranía que se aferra al poder en un país manejado a sus anchas por Ortega y su esposa. Ningún Estado -repito- podría ser sancionado jurídicamente por denunciar un tratado. Allá los que crean ese cuentazo, pero sí que se ganará un problemón pues salir de la OEA es convertirse en Estado Paria -aislado-, una situación penosa para una nación que más bien en el inicio de la tercera década del siglo XXI, debería participar en una sociedad internacional de globalización e interdependencia, sea contando un gobierno de izquierda o de derecha pues no es un asunto de ideologías, sino de principios ligados a los intereses nacionales.