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Prosiguiendo con mis actividades de representación y fiscalización, el último martes visité el Hospital Víctor Larco Herrera. Mi objetivo: conocer de cerca la realidad de la salud mental en nuestro país.

Encontré que el día a día de los pacientes no es de los mejores. Solo una pequeña minoría tiene aún soporte familiar. Otros han vivido casi toda su vida ahí. La gran mayoría pertenece a sectores sociales muy pobres y esto ha determinado que su destino esté atado al del hospital. Sin embargo, pese a las limitaciones legales y presupuestarias, destaco el trabajo de muchos servidores comprometidos con su sacrificada labor.

El hospital tiene un serio problema: la propiedad del terreno donde se ubica. Formalmente, le pertenece a la Beneficencia de Lima, pues esta entidad era la que lo administraba hasta 1966. Esta incertidumbre genera serias limitaciones en el desarrollo de proyectos que necesitan ser solucionadas de manera urgente. Toca entonces que la Beneficencia y el Ministerio de Salud lleguen a un acuerdo, pues caso contrario el Congreso tendrá que zanjar el tema.

Otro aspecto central es el esquema de tratamiento tradicional de exclusión de los pacientes con problemas de salud mental. La lógica del “manicomio” se encuentra desfasada y los profesionales médicos son conscientes de que esto necesita cambiar. Por ello, es urgente una mejor gestión y articulación con otros sectores, como por ejemplo las OMAPEDs, a fin de garantizar un adecuado tratamiento a los pacientes y un uso más eficiente de los recursos.

La salud mental de los peruanos requiere una visión de derechos humanos. Los pacientes del sector son los más excluidos de los excluidos. No los olvidemos.