La inseguridad ciudadana no es un fenómeno aislado sino que se circunscribe en un contexto regional y ha transformado la capacidad de la sociedad para desenvolverse en un entorno de coexistencia pacífica.

Esta problemática se manifiesta de manera concurrente con la proximidad de las elecciones del 2026. En este contexto, resulta ineludible que la seguridad se considere como un tema prioritario en la agenda electoral, demandando propuestas concretas y efectivas para afrontar este grave problema que impacta a la población.

La extorsión, el sicariato y la delincuencia común constituyen los delitos de mayor incidencia, cuya violencia y brutalidad generan una profunda conmoción social. El temor inducido por estos delitos resulta alarmante y suscita interrogantes sobre la eficacia de la estrategia, el rol de la PNP, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el sistema penitenciario que evidencia signos de saturación.

La situación actual es preocupante, con una tendencia hacia el agravamiento del problema sin que se vislumbren soluciones. Ante este panorama, se torna imperativo e indispensable que los partidos alcancen un acuerdo político-programático inicial que aborde está realidad de manera integral con medidas sostenibles, eficientes y eficaces. Se requiere un replanteamiento en la lucha contra la inseguridad que incluya el fortalecimiento de la inteligencia estratégica, modernización y capacitación de la Policía Nacional, una reforma del sistema de justicia y la articulación ciudadana, priorizando el bienestar de la ciudadanía frente a la actividad delictiva. La criminalidad no debe prevalecer sobre los derechos fundamentales de la sociedad.