Uno de los atributos más significativos del Estado, es asegurar el orden interno. Impedir que mafias u organizaciones delictivas, crezcan paralelamente a la organización estatal, es un deber del Estado. Nosotros, como ciudadanos respetuosos de la ley, amantes de la justicia y defensores permanentes de la convivencia armoniosa, exigimos que el Estado, a través de la gloriosa Policía Nacional del Perú y del Ministerio del Interior, reintroduzcan el concepto de orden en la sociedad. Como ya hemos sustentado en un artículo anterior: “Se dice con frecuencia que la inteligencia policial ya venció a un enemigo mayor y brutal que, además operaba en la clandestinidad, nos referimos a Sendero Luminoso (SL). ¿Por qué entonces las organizaciones criminales presentan mayores dificultades para su desarticulación? Es cierto que SL era una organización subversiva que tenía propósitos políticos, y que ahora los grupos criminales son múltiples, atomizados, distintos entre sí y responden a intereses diferentes. Ahora bien, si la inteligencia policial derrotó a SL, sobran razones para suponer que podrán desintegrar a la nueva ola criminal”. La función del Estado es disolver cualquier tipo de amenaza contra la seguridad interior; cualquier acción delictiva que oprima y obligue a los ciudadanos a vivir en una espantosa incertidumbre. Como observación crítica, sostenemos que, nuestra sociedad está degenerándose moralmente, ya que, el aumento delincuencial y la pérdida del respeto por la dignidad sagrada de la persona humana, son signos clarísimos del deterioro educativo. Si queremos contrarrestar los avances del crimen, tendremos que regenerar el sistema educativo.