GF Default - Imported ANS Video id=8fad72e5-655c-428e-943a-9ce73bbf09d3
GF Default - Imported ANS Video id=8fad72e5-655c-428e-943a-9ce73bbf09d3

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en su artículo 16, dice que “toda sociedad en la que la garantía de los derechos no esté asegurada, ni la separación de poderes definida, no tiene Constitución”. El liberalismo en tanto estructura ideológica se construyó sobre la idea de la separación de poderes y el equilibrio de frenos y contrapesos. La Constitución existe para garantizar esta separación. Sin separación de poderes no hay Constitución, y sin Constitución no existe democracia. Por eso es fundamental para la supervivencia de una comunidad política dotar de contenido al concepto de separación de poderes. Y en tanto un sistema político es el fruto de la tradición, la auténtica separación de poderes solo puede analizarse en el marco de un derrotero institucional concreto: el de la sociedad que cobija al sistema.

Montesquieu justificó la necesidad de la separación de poderes con unas palabras contundentes: “No hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del poder legislativo y del poder ejecutivo. Si no está separado del poder legislativo, se podría disponer arbitrariamente de la libertad y la vida de los ciudadanos; como que el juez sería el legislador. Si no está separado del poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor. Todo se habría perdido si el mismo hombre, la misma corporación de próceres, la misma asamblea del pueblo, ejerciera los tres poderes: el de dictar las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o los pleitos entre particulares”.

Libertad y democracia dependen de la correcta separación de poderes. Avasallamiento no es separación.