La demanda de Odebrecht ante el Ciadi por el caso Gasoducto Sur Peruano ha evidenciado algo más que esta percepción generalizada y real de que la corrupta empresa a brasileña juega con la justicia peruana y de que en su plan avasallador la información que confiesa selectiva y tendenciosamente es solo el arma, la ganzúa o chaveta que sacan en el momento que mejor sirve a sus intereses empresariales. No obstante, no es extraño que ello sea así. Lo que sorprende es la candidez de un Ministerio Público que se ha dejado cogotear por el fascineroso, lo ha liberado de los cargos y ha permitido que ahora lo lleve a los tribunales.
El Acuerdo de Colaboración fue indulgente y benévolo con Odebrecht, lo exculpó en todos los términos, le permitió una reparación civil risible y fraccionada, y encima dejó vacíos inconcebibles como la posibilidad de recurrir a instancias internacionales. Pero todo ello ha sido la consecuencia, desde 2017 en el que se empieza a negociar un acuerdo con el fiscal Hamilton Castro, de una deplorable estrategia: La Fiscalía emparejó la mesa y se sentó frente a Odebrecht no con la superioridad del defensor de los intereses públicos frente al prontuariado, no con la vertical distancia entre el representante de la justicia y la moral frente al forajido sino que optó por mirarlo de igual a igual, de homologar jerarquías bajando a las ciénagas de su filosofía y sometiéndose a la cota de sus inmundicias. Renunció así al derecho inalienable de la imposición para sumergirse en el lodo de la negociación.
Si esta torpeza fue una gruesa falla técnica del MP o una consecuencia de sus desequilibrios políticos se podrá saber algún día pero sería injusto que solo los vanagloriados fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez carguen con esta eterna penitencia. Aquí hace rato que Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos están pasando piola por dejarle todo el poder y la conducción de un estamento fundamental como la Fiscalía a dos personas sin la calificación intelectual y la idoneidad profesional para un caso de estas dimensiones y por haber abdicado de sus funciones como los máximos responsables políticos y operativos de la institución. A ellos también los juzgará la historia.
