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Ante el asesinato de la niña Jimena en San Juan de Lurigancho, el Ministerio del Interior ha dispuesto una detallada investigación sobre el proceder de los agentes de la comisaría de Canto Rey, pues todo indica que de haberse actuado con mayor diligencia, rigor e interés, la desaparición y la muerte de la menor pudieron evitarse.

Tengamos en cuenta que la víctima participaba en un programa ocupacional de prevención en la citada comisaría, la cual debía hacerse responsable de la pequeña. Según fuentes policiales, el sujeto secuestró a la niña precisamente cuando salía de las capacitaciones de verano.

Sin embargo, asesinatos como el de la pequeña Jimena deben llamar a todos a una profunda reflexión, desde las entidades públicas hasta los padres de familia, pasando por la sociedad civil, por las personas de a pie, pues estas también deben actuar para impedir que cada cierto tiempo algún sujeto secuestre, viole y mate a un menor de edad.

Hoy, como suele suceder ante estos casos, muchos reclaman pena de muerte. Sin embargo, siendo realistas, esto difícilmente se dará.

Queda, por ello, exigir a las autoridades judiciales el mayor castigo para el confeso asesino, mientras que, de otro lado, a la sociedad le corresponde adoptar medidas para proteger a los más vulnerables: los niños y adolescentes.

La tragedia de Jimena nos tiene que dejar una gran lección para impedir que estos crímenes sigan sucediendo.