Tras la última sesión del Consejo de Ministros, el titular del sector Defensa, el general retirado Jorge Chávez Cresta, alertó de la existencia de un grupo de extranjeros que estarían azuzando las protestas en el sur del país y que impulsarían una agenda secesionista.

Esta revelación toma más fuerza cuando se ve que los protestantes en Puno, por ejemplo, quemaron un  vehículo de la Policía Nacional del Perú y, según el Ministerio de Salud, atacaron una ambulancia que trasladaba a heridos debido a las manifestaciones.

Ante esta situación, los extranjeros azuzadores deben ser identificados lo más pronto posible y tienen que ser expulsados del país pues el empleo de la violencia en las manifestaciones no solo es inaceptable sino que configura un delito y aquellos que basan su protesta en la toma de carreteras, aeropuertos y la intimidación a quienes no acatan las medidas de reclamo no solo son delincuentes sino que deben ser tratados como tales pues si se opta por desobedecer las leyes, tienen que ser reprimidos bajo esos términos.

Si a esto se suma una presunta agenda secesionista, está más que claro que el Estado debe defenderse dentro del marco legal y presentar un frente unitario frente a estas amenazas a la integridad nacional.

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