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El Ministerio Público ha decidido tomar la declaración de Marianella Ledesma, integrante del Tribunal Constitucional (TC), luego de que ella afirmara a un medio la semana antepasada que recibió la propuesta de votar a favor de liberar a Keiko Fujimori a cambio de seguir en el cargo, cuyo mandato venció en junio último.

La declaración ante el Ministerio Público, que se origina en una entrevista ofrecida por la magistrada al semanario "Hildebrandt en sus trece", será tomada por la propia fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y es de esperarse que tras esta diligencia se conozca con nombre y apellido, y con las evidencias necesarias, la identidad de quien habría realizado tal ofrecimiento, a todas luces delictivo.

Una denuncia tan grave, y en un momento tan delicado para el Perú, tiene que ser esclarecida en todos sus extremos. El responsable debe ser señalado para que responda ante la justicia, siempre y cuando la magistrada muestre las evidencias del acto ilícito que la llevó a hacer semejante denuncia, que incluso fue mencionada por el presidente Vizcarra en uno de sus mensajes al país.

La verdad tiene que salir a la luz, por lo que es saludable que el Ministerio Público haya tomado el caso. Acá tiene que haber mucha transparencia y celeridad con las pesquisas para aclarar quién ha estado ofreciendo prebendas que, además, como en el caso citado, son absurdas, pues los miembros del TC no pueden ser reelegidos.