La carta notarial enviada por el médico Mario Cabani a la presidenta Dina Boluarte ha remecido el ya frágil escenario político nacional. El documento no solo desmiente la versión oficial sobre una supuesta cirugía por motivos de salud realizada en 2023, sino que lanza acusaciones graves que comprometen directamente la integridad de la mandataria: la extracción irregular de su historia clínica y, aún más delicado, la posibilidad de que su firma haya sido falsificada en documentos oficiales mientras ella se encontraba en recuperación.

“No entendemos el poder de desdoblamiento en dos lugares”, dijo el doctor Cabani en alusión a la imposibilidad de que la presidenta haya firmado decretos estando bajo intervención médica. La frase, irónica pero precisa, evidencia una contradicción insoslayable: alguien miente, y las consecuencias no pueden minimizarse.

La presidenta Boluarte debe dar explicaciones. Debe rendir cuentas. Su palabra ha quedado en entredicho y, con ello, también la credibilidad de su Gobierno. La confirmación que se trató de una cirugía estética múltiple —y no de salud— comprueba que en el Gobierno hubo un acto de ocultamiento deliberado frente al país que exige transparencia de sus autoridades.

Los congresistas tienen ahora una responsabilidad ineludible: hacer su trabajo con seriedad. Se trata de determinar si la jefa de Estado mintió al país y si, en ese proceso, se cometieron irregularidades que afectan la legalidad de sus actos como mandataria.