Llegamos al fin de esta campaña electoral regional y municipal que ha estado marcada por hechos de violencia y amenazas que tuvieron su pico máximo con el brutal asesinato en Caraz de la candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, conocida como “China Polo” a manos de un sicario venezolano que en su momento tendrá que contar quién le pagó para acabar con la vida de esta comunicadora que fue eliminada mientras daba declaraciones frente a una cámara de video.
Según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en esta campaña que termina se han reportado poco más de 100 denuncias de amenazas y extorsiones a candidatos regionales y municipales, todo un triste récord que tiene que ver con la situación de violencia generalizada que atraviesa el país desde hace al menos dos décadas. No es coincidencia que la mayoría de casos provengan de Lima, La Libertad, Áncash y Junín, zonas “alta conflictividad”, como las ha definido la autoridad electoral.
Estoy seguro que esta situación también tiene que ver con la clase de personajes que se meten en política para tentar cargos públicos, tanto en Lima como en regiones y provincias. Si vemos a aspirantes que son unos impresentables y que traen bajo el brazo verdaderos prontuarios en lugar de hojas de vida, no debería extrañar que detrás estén todos sus enemigos tratando de que no lleguen al poder local. Es el precio de tener candidatos que más bien deberían estar tras las rejas.
Otro factor que, entiendo, tiene mucho que ver en estas amenazas, es el temor de ciertas autoridades salientes a irse sin dejar en el cargo a alguien de su confianza. Estoy seguro que por eso hay tantos que aspiran a la “reelección encubierta” o sueñan con dejar como reemplazo a la esposa, al papá, al hijo o al hermano. Que gane un “enemigo” con intenciones de hacer una rigurosa auditoría, podría ser fatal para ellos. ¿Cómo evitar que esto suceda? A través de cobardes amenazas.
En un país casi tomado por la violencia que contamina a la política, y donde hay candidatos que son unos tremendos maleantes, no se podía esperar otra cosa. Si no se toman acciones decididas contra la criminalidad y las economías ilegales, y no se ponen candados para frenar que pueda postular a cargos públicos gente con antecedentes de temer, que nos nos sorprenda si más tarde vemos que los votos se disputan en las calles a balazos o con chavetas y verduguillos.