Opinión

LA VIOLENCIA LEGÍTIMA CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL ESTADO

COLUMNA: MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ MACKAY

12 de Julio del 2018 - 07:00 Miguel Ángel Rodríguez Mackay

El titular del uso de la fuerza es el Estado. Este monopolio que exclusivamente ejerce se denomina violencia legítima. Nadie ni nada que no sea el Estado, entonces, puede irrogárselo y lo ejerce a través de sus instituciones tutelares; en el caso del Perú, lo detentan las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Los Estados sin el control de la violencia legítima suelen terminar anarquizados y califican como auténticos Estados fallidos, como sucede con Somalia, un país africano fracturado. Como titular del ius imperium o poder estatal, el Estado usa la fuerza soberanamente. Tampoco es que el Estado debe abusar de su calidad coactiva (uso de la fuerza) y coercitiva (amenaza o advertencia legitima). No. Hacerlo significaría lindar con la violación de los derechos humanos. El objeto central para usar la fuerza es el mantenimiento del orden social; fuera de ello, se vuelve arbitrario. Así, el uso de la fuerza debe ir pegado, por ejemplo, al respeto del derecho internacional humanitario, que minimiza el uso de la fuerza para proteger a los que no combaten y están en medio de la guerra. Sucede también cuando las FF.AA. o la PNP repelen un ataque terrorista. No son asesinos, sino agentes defensores del mantenimiento de la paz, que es una categoría jurídica reconocida por el derecho internacional. De allí que, cuando las fuerzas del orden ejecutan operaciones armadas, sus consecuencias estarán legitimadas siempre que lo hagan contra combatientes en fase activa, independientemente de la edad del enemigo. Guste o no, el derecho superpone y privilegia la justificación del uso de la fuerza a la condición advertida y con certeza de que sea combatiente. En el caso de los menores de edad -sucede con los adolescentes que son adoctrinados por terroristas- si por su condición de combatientes en fase activa pudieran acabar con la vida de un militar o de un policía, estos podrán reducirlos o hasta acabarlos no queriéndolo ante la inminencia del ataque que haga peligrar sus vidas; ya que, incluso habiendo cumplido con todos los protocolos de la guerra, el derecho los ampara en el universal principio de la legítima defensa.

tags