Mientras las cifras de homicidios en el país avanzan incontenibles, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, sigue mirando a otro lado. En lo que va del año, no hay un solo día sin asesinatos. Lo más alarmante es que las muertes por armas de fuego han aumentado en comparación con hace cinco años. Ya no solo hablamos de homicidios con 20 disparos, como el caso del excongresista Óscar Medelius, sino de crímenes con más de 60 balazos. “Esto se está normalizando”, advirtió recientemente Félix Briceño, miembro del Instituto de Medicina Legal y las Ciencias Forenses del Ministerio Público del Perú.

Esta realidad degrada cualquier discurso que el Gobierno pueda exponer tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, más grave aún que los hechos es la reacción del Ejecutivo. “Yo no respondo a civiles”, declaró hace poco Santiváñez ante los cuestionamientos del coronel PNP en retiro, Harvey Colchado. Si quienes están al frente de la seguridad del país desprecian la voz de los civiles, entonces no hay esperanza de que se adopten medidas efectivas a favor de la ciudadanía.

La inacción del Gobierno frente a esta crisis de seguridad es inaceptable. Cada día que pasa sin una estrategia concreta, sin un plan de acción que enfrente esta ola de violencia, se pierde más terreno ante la delincuencia. El país no puede permitirse normalizar la muerte como una estadística más.