La crisis desatada por la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano y el inminente octavo retiro de fondos de las AFP muestran no solo la incoherencia del Gobierno y la incapacidad del Congreso, sino el fracaso rotundo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). ¿Dónde está el señor Sergio Espinoza Chiroque, presidente de la SBS, en este bolondrón? ¿Alguien lo ha visto en algún medio dando explicaciones? Peor aún, ¿alguien lo conoce?

La SBS estaba obligada a cumplir con su rol y ser el ente defensor de los intereses públicos. Eso se esperaba de su activa participación en la reglamentación de la funesta ley de modernización. Ciertamente, recibió un mamarracho, pero en vez de potenciar sus escasos aciertos, acabó consolidando el despropósito y dejando la impresión de que mantiene una alianza soterrada e implícita con las entidades a las que regula.

Un punto clave es el cálculo de la expectativa de vida en base a las tablas de mortalidad. Aunque se toman como referencia los indicadores del INEI, las AFP consideran una expectativa de vida de 90,8 años para las mujeres y de 86,6 años para los varones. Esto, pese a que son cálculos basados en salubridad, constituye una distorsión que impide que una jubilación pueda ser “digna” si se licua en un excesivo número de años previsionales.

La mantención de este criterio deja la impresión de que cualquier cosa puede pasar con el Estado (puede terminar pagando el pato y las pensiones), con el jubilado (acceder a una renta paupérrima) o con el aportante (deberá pagar rentas de cuarta categoría) pero las AFP jamás pierden, el negocio es seguro y trabajan con un capital que el ciudadano está obligado a dar. Todo ello con la anuencia de la SBS, que sigue pintada en la pared.