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La indignante revelación sobre la treintena de recién nacidos fallecidos en Lambayeque durante este año ha gatillado un sinnúmero de denuncias de eventos similares en el resto del Perú. Ello revela la precariedad de la vida y el poco aprecio por esta de un país que hasta ahora se jacta de haber realizado los Juegos Panamericanos a gran altura y costo multimillonario. Poco importa, al parecer, si no existen en los hospitales públicos algo tan básico como incubadoras para recién nacidos. Y no solo en el interior, sino también en la mismísima capital de un país que aspira a codearse de tú a tú en el selecto club global de la OCDE. Nadie en el Ejecutivo ha renunciado por ello, a ningún ministro se le ha pedido que deje su cargo ni se le ha amenazado con cerrar algún ministerio.

¿Qué hacer ante tanta indolencia? Si no le interesa al Estado resolver el problema de la precariedad de la salud, entonces debe abrirle la cancha a la participación privada. En tal línea de ideas, mecanismos como las Asociaciones Público-Privadas (APP) hospitalarias pueden marcar la diferencia. En efecto, el Perú presenta ya suficientes experiencias exitosas en estos esquemas de contratación pública. Es necesario expandirlas a todo el país para garantizar, a un relativamente corto plazo, que todos los peruanos, sin excepción, tengan garantías para sus vidas desde el inicio de estas. Las APP hospitalarias son, de lejos, la mejor opción para atender rápidamente la urgente brecha en salud, con infraestructuras y equipos médicos de la calidad que merecen los peruanos. Para que ello suceda, es crucial que el sistema APP sea resiliente ante el embate del desprestigio del cual ha sido salpicado por el escándalo Odebrecht; además, es fundamental que el Gobierno lo emplee con mayor vigor en la próxima década para mejorar la cobertura y la calidad del sistema de salud de manera notoria y significativa, en beneficio de los menos favorecidos y de la restitución de derechos.

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