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La propuesta de proyecto de ley de delegación de facultades al Ejecutivo solicitada por el Gobierno tiene uno de sus ejes enfocado en el cierre de la brecha de infraestructura. Como parte de ello, se anuncian cambios en la Ley Marco de Promoción de la Inversión Privada (D.L. 1224), que norma las Asociaciones Público-Privadas (APP). Aunque la propuesta de cambios gira alrededor de cinco puntos, algunos asuntos merecerán mayor análisis. Precisamente por el apresuramiento en hacer más expeditiva esta ley, ha sufrido varias alteraciones desde que fuera promulgada hace apenas dos años y medio. Y sería muy bueno aprovechar esta oportunidad para hacerle ajustes definitivos a dicha ley que respondan a un nuevo derrotero de política pública sobre la promoción de inversiones en general y las APP en particular. En especial, considerando lo que se viene padeciendo con el escándalo Odebrecht que precisamente hizo metástasis en el sector de las APP.

Un instrumento que ayudaría a filtrar mejor los proyectos de APP es el análisis de valor por dinero, ampliamente difundido y aceptado en otras experiencias latinoamericanas. Ese estudio, debidamente calibrado y utilizando tanto elementos cuantitativos como cualitativos, permitiría evaluar mejor si una infraestructura es mejor que sea desarrollada por una coparticipación público-privada o por la tradicional contratación de obra pública. Actualmente, dicho “análisis” ha sido rebajado prácticamente al análisis cualitativo de menos de diez variables, que orientan la decisión casi siempre a aceptar la modalidad de APP como la mejor. No sorprende entonces que algunas APP hayan hecho agua o resulten demasiado caras cuando no se las filtró adecuadamente.

La celeridad de la inversión no debe darse a costa de perjudicar la calidad de la inversión privada. Que la lección de Odebrecht nos permita aprender a hacerlo mejor. Y esta es la oportunidad para ello.