La requisa realizada la semana pasada en el penal Ancón 1, donde el Ministerio Público y la Policía Nacional incautaron 32 teléfonos celulares que usaba la banda denominada “La Confraternidad” –formada por delincuentes de altísima peligrosidad una vez internados en dicho reclusorio de “máxima seguridad” para ordenar delitos desde el encierro–, debería marcar un antes y un después en la tarea por poner orden en las cárceles, que son claves si es que realmente se quiere poner en vereda a la criminalidad.
Estos hampones habían creado un verdadero “locutorio” que funcionaba en uno de los comedores del penal, desde donde ordenaban asesinatos y extorsiones, y alquilaban los aparatos, según las autoridades. Cuarto Poder ha mostrado cómo horas antes de la intervención, desde esos teléfonos se había dispuesto atacar a gente que al parecer se negaba a pagar los cupos exigidos. Esto era un festín de llamadas telefónicas, con tenencia de marihuana incluida, todo dentro de un lugar supuestamente controlado.
Días después, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) intervino los cinco penales declarados en emergencia por este gobierno, donde fueron encontrados más teléfonos celulares, chips, drogas, armas y demás objetos prohibidos. El único donde todo estaba en orden fue el gélido Challapalca. Esta situación deja en claro que no se puede continuar como hasta ahora, en que los reclusorios son verdaderas guaridas de criminales que siguen operando, cuando se supone que están ya fuera de circulación.
En algunas semanas la presidenta Keiko Fujimori se reunirá en El Salvador con el presidente Nayib Bukele, que ha puesto en marcha un duro régimen carcelario que ha permitido casi eliminar la criminalidad de su país antes tomado por pandillas de salvajes. Mientras, acá, el Ministerio de Defensa viene implementando el uso de detectores de metales en diferentes penales, a fin de erradicar el eterno ingreso de objetos prohibidos a las cárceles, como teléfonos y hasta armas.
Ojalá que estas acciones, así como los recientes cambios que se han producido en la jefatura del INPE, sean muestras de que este gobierno tiene realmente la voluntad política de acabar con el relajo amparado en la corrupción que por décadas ha reinado en nuestros penales, incluso en los de máxima seguridad como Ancón 1, que sólo ha servido para incrementar los índices de violencia en las calles. El principio de autoridad tiene que ser establecido de una buena vez en los reclusorios.
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