Las cifras de la extorsión.

Ayer en Correo hemos publicado que entre el 2018 y lo que va del 2019 se han reportado en comisarías 3987 casos de extorsión, la gran mayoría a través de llamadas telefónicas. Lo grave es que las autoridades estiman que solo el 20% de los afectados denuncia estos hechos ante la Policía Nacional. Este es un grave problema que va en aumento, y que merece una especial atención si es que realmente se busca controlar la inseguridad ciudadana.

Este tipo de delito ya no es, lamentablemente, patrimonio de ciudades convulsionadas desde hace muchos años, como Trujillo, Chimbote o Piura, pues las cifras más altas se están registrando en zonas capitalinas como Cercado, San Juan de Lurigancho, Comas y Puente Piedra, a las que se suma la vecina provincia del Callao. Como siempre, el 80% de exigencias de dinero y amenazas se da a través de llamadas telefónicas.

La lucha contra la inseguridad ciudadana, y en especial contra la extorsión por vía telefónica, es uno de los grandes pendientes en el país. No podemos apuntar a convertirnos en un país de emprendedores si los pequeños empresarios, como sucede en el norte del Perú, son los principales objetivos de las bandas criminales que exigen dinero a cambio de no atentar contra la vida o la propiedad de sus atemorizadas víctimas.

La ola de extorsiones no viene de ahora. Lleva al menos 15 años en expansión, como lo evidencian las cifras mostradas ayer. En la costa norte hay bandas organizadas con brazos legales y sistemas de lavado del dinero obtenido de manera ilícita, y no sería extraño que en otras ciudades como Lima ya tengamos operando a redes criminales de ese tipo, debido a que no se les da la debida atención. ¿Qué se está esperando?

Por ejemplo, todos saben que en el rubro de la construcción civil abunda la extorsión a través de sindicatos “bamba”, algunos de ellos “formales”, pero poco se hace. ¿Falta de voluntad para erradicarlos? ¿Incapacidad? ¿Desidia? ¿Alguna autoridad se beneficia con todo esto? Ninguno de los anteriores gobiernos ha podido mostrar buenos resultados en la lucha contra el hampa y las llamadas amenazantes. ¿Lo podrá hacer la actual administración?