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Esto de pagar coimas para ganar obras públicas no es de ahora, ni se acomoda solo a los bolsillos grandes. Es una vieja práctica que engloba al empresario que recién empieza a contratar con el Estado y a los dinosaurios que se llevan la tajada más gorda de la torta de la inversión. Pero, hay que diferenciar el tiempo y el espacio entre ambos, además de la oportunidad para darle una solución al problema.

Más o menos es así. Por un lado, están las empresas que antes de contratar con el sector público empiezan a invertir a sabiendas que luego multiplicarán el cobro. Digamos que es una apuesta a ganador, como Odebrecht. Por el otro, hay entidades privadas que quieren concursar y proponen sobornos; mientras terceros deciden trabajar lejos del fango y licitar sin aceitar a nadie.

Sin embargo, es difícil detectar un arreglo bajo la mesa entre dos partes, salvo algún chispazo de decencia o una justa razón del empresario que ha perdido una licitación por la artimaña de su competidor, además de la vigilancia de los órganos de control. Hay decisión, pero faltan caminos para reducir el índice de corrupción.

Es que a veces el propio Estado pone trabas para denunciar una mala licitación pública, como el Osce (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado) que exige al denunciante una caución, consistente en un porcentaje del monto total de la obra en cuestión. Si su queja es infundada, pierde dicho dinero. Una apuesta a ciegas.

Hay carencia de mecanismos para reducir los índices de corrupción en los concursos públicos. Pese a que el actual gobierno ha implementado y fomentado la denuncia ciudadana o de cualquier trabajador que detecte un acto ilícito, la población todavía siente desconfianza en la autoridad y cree que su lucha puede ser en vano o traerle problemas.

La indignación nacional contra un sector del empresariado nacional y la clase política por los pagos y los cobros de coimas, debe servir para algo. Al menos podemos confiar en que la justicia ha vuelto a ponerse la venda de la imparcialidad y está actuando contra quienes han contribuido a que la corrupción se robustezca en el país.