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A pulso, y a través de sus propias acciones, el Ministerio Público ha sembrado dudas sobre su accionar en la lucha contra la corrupción, que en este momento debería ser una de sus prioridades, pues resulta “extraño” que luego de que la mayoría fujimorista del Congreso anunciara una denuncia constitucional contra Pablo Sánchez, veamos un “destrabe” de acciones contra varios investigados.

Sucedió en el caso de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, junto a su exgerente José Miguel Castro; y luego con los cinco directivos de empresas peruanas asociadas con la constructora brasileña Odebrecht. En apenas dos semanas se pidió medidas restrictivas contra estas personas, algo que no se hizo en varios meses pese a la gravedad de los hechos.

¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué recién ahora? ¿Fue porque se venía acusando al Ministerio Público de inacción y lentitud frente a la corrupción? Creemos que está muy bien que se pida medidas restrictivas contra los investigados, pero el momento en que se hace motiva que existan dudas muy razonables.

La administración de justicia requiere actuar con transparencia para no andar sembrando en una situación que es sumamente delicada para el país, pues estamos hablando de hechos que involucran incluso a expresidentes y altos funcionarios públicos. ¿Habrá desde ahora un cambio de accionar por parte de la Fiscalía?