La ONU viene trabajando desde hace varios años, un proyecto de tratado “vinculante” sobre “empresas y derechos humanos”. De hecho, entre el 24/28 de octubre se realizó en Ginebra la última sesión de este Grupo de trabajo “intergubernamental” constituido por el Consejo de Derechos Humanos, dentro de cuyas funciones figura el mandato de difundir y aplicar los principios “rectores”, así como de desarrollar un “diálogo” regular con los países y actores sociales, entre otros.

Llevar adelante proyectos de desarrollo que garanticen una conducta empresarial responsable, garantizando la predictibilidad jurídica y administrativa para todos, son temas de interés común. De igual forma, lo sería que este tipo de iniciativas contemplen la forma de impedir las miles de actividades ilegales que se producen diariamente en diversos países de la región, y procurar impedir -con severidad- las actividades ilícitas conexas de estas, que afectan real y verdaderamente los derechos humanos de las personas. Es muy importante que se entienda que las mayores violaciones de DDHH no vienen de parte de las empresas privadas, sino de aquellas que operan de manera ilegal e informal, talando nuestros recursos naturales en la selva, llevando adelante actividades mineras que contaminan, depredan y evadiendo además el pago de impuestos, violando claramente los DDHH de sus trabajadores, sometidos a graves abusos al margen de la ley.

Trabar las inversiones, las grandes obras de infraestructura, la explotación minera o de hidrocarburos, la pesca, la industria forestal formal en nuestros países, a través de la actuación de muchas ONG que responden directamente a los intereses de sus financistas y no necesariamente al bien común, resulta muy preocupante.  Por ello, es importante poner atención a este nuevo “tratado”. No se debe firmar ningún documento a través del cual perdamos nuestra soberanía y protección legal en el marco de nuestro propio sistema jurídico y estado de derecho, ni ceder nuestra jurisdicción a autoridades supranacionales o validar la constante agresión de las ONG de izquierda radical con sesgo anti empresarial, sin tener en cuenta el papel fundamental de las empresas en el crecimiento, bienestar y desarrollo de las naciones en general.