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Seguimos celebrando a la mujer y por ello deseo referirme a las que se hallan en la zona conocida como La Pampa, en Madre de Dios. Liderada por los ministros de Defensa e Interior, allí se realizó la semana anterior la exitosa operación “Mercurio 2019”, con el objetivo de erradicar la minería ilegal y sus delitos conexos como la trata de personas, la explotación sexual y laboral, el sicariato, etc. En una actitud sin precedentes ni registros de acción conjunta, el Estado peruano ha llegado hasta esa complejísima zona de nuestro país para instalarse y, lo más importante, quedarse, pues antes las autoridades llegaban hasta allí solo como aves de paso -solo la exministra de la Mujer Ana María Romero lo hizo valientemente, pero en solitario-, restituyendo el principio de autoridad de un Estado que le había dado la espalda a las poblaciones de ese territorio. Fue una operación realmente liberadora y poco se ha dicho de su magnitud. En las cerca de 11,000 hectáreas que comprende la zona que forma parte de la Reserva Nacional de Tambopata, fueron alrededor de 1500 efectivos entre policías y militares, y con ellos 70 fiscales, los que llevaron adelante la operación. Los nuevos roles de las FF.AA., ya visibilizados por su eficaz participación en la gestión frente a los desastres de la naturaleza a través de Indeci, están determinados en el servicio a las poblaciones vulnerables como se hace en otras partes del mundo. En La Pampa ha sido confirmado. Se trató de una operación multisectorial para erradicar la criminalidad en esos territorios considerados tierra de nadie, donde la violencia hacia la mujer, traducida en la trata de personas, ha sido una penosa regla. La operación “Mercurio” refleja el compromiso de las FF.AA. en la tarea de contribuir en el mantenimiento del orden público en una zona anarquizada, propia del imperio de la barbarie. No existe orden y defensa del frente externo de un Estado si no hay una garantía del orden interno y las FF.AA. contribuyen con la PNP en esa importante tarea del frente interno. Ambas instituciones tutelares del poder coactivo luchan en forma conjunta contra la trata de personas, considerado un delito de lesa humanidad.