En estos meses, el Perú no solo sufre por la crisis política y la inestabilidad institucional, sino también por el embate de las intensas lluvias y sus devastadoras consecuencias. Los últimos cuatro meses han sido testigos de una tragedia que se repite año tras año: 85 fallecidos, 9 desaparecidos, 48 mil damnificados y más de 3 mil viviendas destruidas por inundaciones, desbordes, huaycos y deslizamientos. A esta preocupante situación se suman cientos de colegios y centros de salud afectados, lo que agrava aún más el impacto social.

A pesar de las recurrentes denuncias ciudadanas sobre la falta de medidas preventivas, las respuestas de los distintos niveles de gobierno continúan siendo deficientes. No es aceptable que solo después de los desastres se convoquen sesiones extraordinarias de las plataformas de Defensa Civil Regional para articular acciones frente a la temporada de lluvias. La reacción tardía y descoordinada es una muestra de la falta de previsión y compromiso de nuestras autoridades.

No podemos permitir que cada año enfrentemos las mismas catástrofes con la misma respuesta deficiente. Es imperativo que las autoridades asuman con seriedad la responsabilidad de implementar planes de prevención y reducción de riesgos efectivos. La improvisación y la indiferencia no pueden seguir siendo la norma.

El Perú necesita con urgencia una política de Estado que priorice la seguridad de la población y garantice acciones concretas antes de que ocurra el desastre.