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Las manchas sagradas

Sin embargo, el informe de un contralor cuestionado y con harta pantalla es muy suspicaz.

31 de Mayo del 2017 - 08:44 Renato Sandoval

Luego de conocer que hasta el contralor general Édgar Alarcón tenía sus anticuchos y el fujimorismo era el ente que se los guardaba en la estufa, cada vez es más probable que el exministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, haya sido presa de algún trato político para pasar como investigado por la Contraloría General de la República. ¿Y qué se viene después?

No es que Vizcarra haya sido santo de mi devoción, es más, su renuncia era lo mínimo que se esperaba tras meter la pata con la adenda a favor de la empresa Kuntur Wasi, que iba a ejecutar el aeropuerto Chinchero. Sin embargo, el informe de un contralor cuestionado y con harta pantalla es muy suspicaz.

Es más extraño, además, que el fujimorismo no haya pedido la cabeza de Alarcón por esta denuncia en su contra de parte de un auditor de la propia Contraloría, en donde se detalla con documentos los negocios extras del máximo jefe del órgano de control de los recursos del Estado. Si por el pisco peruano quieren llamar a un ministro, por la compra de 90 carros lo mínimo que se espera es que el Pleno del Legislativo ausculte al contralor.

Aunque el fujimorismo se haya querido desprender del problema peloteando la responsabilidad de investigar la denuncia contra el contralor, como lo ha hecho la propia presidenta del Legislativo, Luz Salgado, es preciso aclarar que la acusación ha estado encarpetada casi un año. ¿Creen ustedes que si se tratase de un funcionario adverso a los intereses naranjas hubiera demorado tanto en ver la luz esta denuncia contra Alarcón? Bien difícil que Becerril o Galarreta no se hayan ido a la yugular. Aquí hay gato encerrado.

Algunos quieren matar al mensajero, y creen que el destape de una nueva investigación siempre trata de ocultar una anterior. ¿Por qué una nueva denuncia no puede ser un aporte? Es más, creo que hasta es necesario.

Un funcionario que vela por el buen uso de los recursos económicos no debería tener manchas sagradas, al menos que alguien o algunos con amplio poder político se lo permitan.

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