En la última semana, ocurrieron dos hechos que nos demuestran el estado de indefensión en el que se encuentran las niñas y adolescentes en este país.

Una menor de edad fue violada por un psicólogo, identificado como Luis Ángel Yacila Ortega, que el Estado le había asignado para dar seguimiento a su salud mental luego de ser rescatada de un lugar donde era obligada a prostituirse, en la región Ucayali. De otro lado, en  Cajamarca, una congregación religiosa convocó a “una jornada de oración” frente a un hospital donde se va a realizar el aborto terapéutico a una adolescente que resultó embarazada tras ser ultrajada por sus dos abuelos, Pelayo Sánchez Escobedo y Juan Alberto Muñoz Aguilar, de 66 y 69 años respectivamente.

En el primer caso, la menor también resultó embarazada tras el ataque y se encuentra a la espera de la decisión de la junta médica para acceder al aborto terapéutico, mientras que el agresor está en calidad de no habido.

En el segundo, los agresores ya fueron detenidos y diversos colectivos han ofrecido apoyo legal a la menor a fin de preparar acciones contra quienes la hostigan por acceder a este procedimiento médico refrendado por ley.

El cuerpo de las mujeres, en especial el de las niñas y adolescentes, no debe ser un campo de batalla ideológico y solo ellas deben poder decidir sobre él.