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La comisión “Lava Jato” del Congreso, con la congresista fujimorista Rosa Bartra en la presidencia, está apurando la aprobación del informe final, en el que se encontraría responsabilidad de expresidentes, ministros y altos funcionarios, personas jurídicas y naturales. Llama la atención:

- La prisa con que se le quiere aprobar tras meses sin informes previos ni serios. Opiniones políticas señalan que sería por desviar la atención tras la cerrada defensa del indefendible fiscal de la Nación que hiciera Keiko Fujimori

- Que, tras manifestaciones y revisión de documentos, no se investigue a Keiko Fujimori ni Alan García por sus vínculos con Odebrecht y otras empresas. ¿Acaso ya nos olvidamos de “Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita”?

- No colocar la corrupción en el contexto adecuado. La Constitución Política de 1993 y el marco legal permiten otorgar licitaciones sin conocer el valor final de las obras, abriendo el camino al soborno y la corrupción vía “adendas”. Cuando las funciones del Estado se privatizan, se deja de fiscalizar y permitimos que la ganancia domine nuestras actividades.

Planteamos cambios en la Constitución. El Estado debe estar en todo el país, desde La Rinconada hasta Aguas Verdes. Debe ser su prioridad reconocer derechos y otorgar acceso real a servicios de calidad a sus ciudadanos, con igualdad de oportunidades para todos y todas.