Los acontecimientos en Venezuela que dieron el triunfo al régimen de Nicolás Maduro deben servirnos como una seria advertencia. En el Perú, existe una desconfianza hacia las autoridades del sistema electoral.

Es crucial reflexionar, analizar y proponer soluciones que mitiguen o eliminen la percepción negativa que se tiene del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). Nuevos cuestionamientos sobre irregularidades o acusaciones de fraude en el proceso electoral de 2026 serían insostenibles.

El sistema electoral, tal como está diseñado, difícilmente resistiría cuestionamientos de esta magnitud, especialmente si la diferencia de votos es mínima. Esto podría generar un escenario de inestabilidad política y económica, y convulsión social en el país. Por lo tanto, es fundamental brindar las mayores garantías de credibilidad a nuestro sistema y, por ende, a la legitimidad de las proclamaciones electorales.

Tomemos el ejemplo de Venezuela, aunque aquí, no existe una dictadura como la de Maduro, sí se percibe una “dictadura blanca” que ha ido ocupando espacios en instituciones vitales de la República. Desde esa posición de poder, han gobernado y tomado decisiones entre bastidores sin haber sido elegidos ni legitimados por el voto popular. Existen ONG, grupos y cofradías que a lo largo de 20 años han manipulado la institucionalidad del país, anteponiendo sus propios intereses, ideológicos y de agenda política.