Estas semanas, en medio del conflicto en torno a la mina Tía María, ha circulado un audio en el que, presuntamente, se negociaba por debajo de la mesa entre la empresa y el entonces presidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo, José Julio Gutiérrez, la suspensión de las luchas previo pago de un millón y medio de “lentejas” (léase dólares o soles). El escándalo y la denuncia mediática estallaron a toda máquina y los políticos, grandes empresarios y ayayeros de siempre exigen drástica sanción. Hoy José Julio Gutiérrez está preso y “todo el peso de la ley” debe caerle. Ese es el lema común.

Curiosamente, toda la condena, indignación y afán moralista se concentran en Gutiérrez. No lo exculpamos de nada. Si el audio es verdadero y el presunto delito de extorsión y otros se comprueban, tendrá que asumir las consecuencias de sus actos. Pero ¿y el otro actor, autor o coautor, es decir, la empresa, dónde queda? Hasta ahora, bien gracias. Nadie lo condena, nadie se indigna, nadie pide investigación, nadie exige sanciones. El único culpable es José Julio y no su interlocutor en este presunto delito. Esta conducta es un común denominador de toda nuestra flora y fauna política, empresarial, mediática y autoridades de la administración pública. Cuando se trata de movilizaciones populares, siempre ven con un solo ojo, “tuertos de los ojos” (como decía un viejo compadre huancavelicano), o posiblemente padecen de una tortícolis crónica que los obliga a tener una sola dirección en la mirada, porque si vieran al otro lado sería seguramente muy doloroso.

Reiteramos que si de veras se han pedido o aceptado “lentejas” del que explota el cobre como precio de venta de la lucha del pueblo, no hay sino que demandar sanción judicial popular para TODOS los implicados.

Lamentamos profundamente la muerte de peruanos, sean civiles o militares, en un conflicto que llegó hasta donde llegó principalmente por las torpezas, las ignorancias y el autoritarismo del Gobierno Central.