El proyecto de ley sobre medios presentado por la bancada de Fuerza Popular es un despropósito. Además de atentar contra la presunción de inocencia, la libertad de empresa y la libertad de expresión, el proyecto resulta ingenuo, burdo y mal concebido. Es el típico instrumento de control de los regímenes autoritarios, como bien lo ha señalado ya la Sociedad Interamericana de Prensa.

Si de verdad se desea cambiar la situación de la multimedia y reducir la enorme injerencia de quienes detentan el poder político en los medios de comunicación, lo que debería plantearse es la posibilidad de que el Estado deje de poner publicidad en los medios privados y que se limite a brindar información a través de sus oficinas de comunicaciones. Sus campañas publicitarias las podría realizar en los canales de televisión del Estado, así como en Radio Nacional, pero dejarían de destinarse miles de millones a campañas de sensibilización que a quienes más sensibilizan realmente es a los empresarios propietarios de los medios privados, que han convertido a las diferentes dependencias del Estado en su mejor cliente. La inversión publicitaria que hace el Estado es un escándalo. Si algo se puede cambiar sin que se afecte la libertad de expresión, es justamente eso: que el Estado deje de llenarle el bolsillo a los medios privados y se concentre en producir buenos contenidos en los medios que son de su propiedad, al mejor estilo de la BBC.