Entre gallos y medianoche, el Congreso ha dado una ley que reconoce a los comités de autodefensa (CAD) y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana. Al parecer estos señores desconocen la realidad de los CAD. ¿A quién se le puede ocurrir dar una ley como esta, que permite a miles de personas armarse y formar organizaciones paralelas en funciones a las FFAA y PNP? Es realmente un despropósito.
Hace muchísimos años que los CAD han dejado de ayudar a las fuerzas del orden en cuanto a la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Por el contrario, muchos de ellos están coludidos con el narcotráfico y trabajan y traquetean a diario. Son poquísimos los que dedican su tiempo a poner orden en sus comunidades.
Lo lamentable es que les están dando rango de ley al hecho de adquirir armas a través de adquisiciones o donaciones. ¿Qué va a pasar ahora? Que los narcos podrán armar su propia seguridad. ¿No se les había ocurrido? Deja una inmensa duda que hayan dado esta ley, mientras se prohíben a los serenos de las municipalidades usar armas no letales o “menos letales”, como se les llama ahora. Un total absurdo.
Los CAD están circunscritos a una zona declarada en estado de emergencia. Esta ley bochornosa no indica que sea una zona de emergencia por necesariamente por terrorismo como el VRAEM. Por lo tanto, si declaran en emergencia cualquier zona de conflicto minero o agrario, ya tendrán la ley a la mano para constituirse en CAD y armarse.
Esto también vale para las zonas de minería ilegal como “La Pampa”, en Madre de Dios, que es zona de emergencia. Con la nueva norma podrían armarse a vista y paciencia de autoridades. Esta ley también permite a un gobernador regional o alcalde armar su propia “seguridad ciudadana”, convirtiendo a una autoridad intocable.
Las rondas campesinas (a quienes siempre confunden con los CAD) y las juntas vecinales que trabajan con la PNP, exigirán convertirse en CAD y ahí sí la cosa será inmanejable. ¿Sabrán nuestros legisladores cuántas comunidades nativas o rurales (potenciales CAD) hay en el Perú?
Lo que más llama la atención es que esta ley aprobada por insistencia ha hecho caso omiso a lo opinado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que se oponen a esta ley. Obviamente hay un interés nada santo en este despropósito, máxime si ha sido presentada desde los partidos supuestamente más conservadores, y no desde la trinchera trasnochada de la izquierda más radical.