Una reciente norma legal aprobada por el Congreso ha encendido una nueva controversia en el país: la modificación en la distribución de los recursos del Impuesto General a las Ventas (IGV). Según esta nueva legislación, el porcentaje destinado al Gobierno central disminuirá del 16% al 14%, mientras que el Impuesto de Promoción Municipal (IPM) se duplicará, pasando del 2% al 4%. El debate no se ha hecho esperar. Quienes se oponen a la medida la califican como populista y la tildan de ser “la ley fiscal más dañina del siglo”. No es una crítica menor. La preocupación gira en torno a un posible debilitamiento de las finanzas públicas y la reducción de los márgenes de maniobra del Ejecutivo. Desde el Ministerio de Economía, sin embargo, se sostiene que la medida no afectará el equilibrio fiscal ni la recaudación nacional, y que permitirá fortalecer a las municipalidades más pequeñas, históricamente postergadas en la distribución de recursos.

El gran problema es el costo que pagará el Gobierno central. Una merma en sus ingresos podría obligar al Ejecutivo a recortar gastos en sectores estratégicos como salud, educación o seguridad. En un contexto económico aún incierto, una medida como esta podría incluso profundizar el déficit fiscal.

El otro punto negativo es que la experiencia reciente no es alentadora: numerosos alcaldes han demostrado una ineficiencia preocupante en la ejecución del gasto público. Aumentar los recursos no garantiza una mejor gestión.