La ciudadanía vive sobre un tembladeral. Cada día se despierta con la incertidumbre de si podrá volver sana y salva a casa. Frente a esta angustiante realidad, lo que más anhela la gente es estabilidad, orden y paz. Pero lo que encuentra muchas veces es un Poder Judicial permisivo y un Ministerio Público timorato, que más de una vez parecen actuar a favor de los delincuentes, no de la sociedad a la que deberían proteger.

No es casual que, según la última encuesta de Datum, el 89% de peruanos no confíe en jueces ni fiscales. Y aún más alarmante: el 28% de la población considera que estas instituciones son responsables directas de la creciente ola de inseguridad que azota al país.

Ante estos datos, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, se desmarca de la crítica y culpa a las leyes. “Hay casos de personas que fueron detenidas y se dispone su comparecencia restringida, culpándose al Poder Judicial y a la Fiscalía por su liberación cuando las leyes creadas lo disponen así”, ha declarado. Pero el país no necesita excusas ni explicaciones técnicas. Quiere respuestas claras, liderazgo firme y un compromiso real con la seguridad.

La delincuencia ha tomado la calle. Frente a ello, el sistema judicial aparece sin dirección ni fuerza. Es cierto que la legalidad exige mesura y respeto por los derechos fundamentales, pero ello no debe confundirse con debilidad. La autoridad debe ejercerse con firmeza y con la convicción de que la ley también debe proteger a las víctimas, no solo a los victimarios.