limpiando la cancha

Si tanto reclamamos los peruanos la necesidad de tener autoridades elegidas sin cuestionamientos, ha hecho bien el Congreso en sacar de la posibilidad de postular a cargos públicos a los sentenciados por los graves delitos de terrorismo, narcotráfico, corrupción y violación sexual -incluyendo a aquellos que ya cumplieron sus penas-, pese a la oposición del Frente Amplio, que encabeza el legislador Marco Arana, quien ya ha anunciado su candidatura presidencial.

Si ya existe una norma que impide que condenados por esos mismos delitos trabajen en colegios como docentes o administrativos, el allanamiento del Poder Legislativo para dar luz verde a una observación del Poder Ejecutivo que estará vigente en las elecciones de este año, no hace más que aumentar las limitaciones a personajes que tienen todo el derecho de reinsertarse en la sociedad tras cumplir sus condenas, pero no desde ámbitos muy sensibles y que afecten a la población.

Es absurdo que se permita ser presidente, congresista, alcalde o gobernador a antiguos terroristas o a corruptos que han hecho lo que les ha dado la gana con el dinero de todos. De no ser por esta norma, en unos años más podríamos ver quizá a César Álvarez nuevamente al frente de la región Áncash o a “Beto” Torres otra vez como alcalde de Chiclayo. Lamentablemente, muchas veces el populismo permite estas aberraciones en zonas con mucha pobreza y escasa educación.

De otro lado, el Frente Amplio debería explicar muy bien a qué se debe su negativa a la puesta en vigencia de esta norma, que debió salir por unanimidad, pues es difícil entender que haya gente en el Congreso que se oponga a la exclusión de sentenciados por graves delitos de la posibilidad de ser autoridades. ¿Es solo por los indultados? ¿Así se quejan cuando se les reclama que le hacen el juego al terrorismo? ¿Así nos hablan de lucha contra la corrupción?

Las autoridades deben ser los mejores ciudadanos y mejores vecinos, al igual que los profesores a cargo de la formación de los peruanos. No podemos tener en la administración pública a gente con prontuario por corrupción, aunque el izquierdista Frente Amplio crea lo contrario. Si nos quejamos de “robacables” y “comepollos”, cómo vamos a permitir que terroristas, narcos, corruptos y violadores con sentencia rijan nuestros destinos.