El crimen organizado actúa desde fuera del Estado y también lo contamina desde dentro, compra voluntades y convierte a quienes deben combatirlo en sus socios colaboradores. Ninguna estrategia nacional o latinoamericana de seguridad podrá funcionar si antes no recupera la integridad de la Policía. No se trata de condenar indiscriminadamente a toda la institución. Miles de policías honestos cumplen su deber en condiciones difíciles. Pero también existen graves indicadores graves de infiltración criminal en determinadas unidades y niveles, suficientes para comprometer la eficacia policial y destruir la confianza ciudadana. América Latina ofrece lecciones útiles. Honduras creó en 2016 una comisión externa que evaluó antecedentes, patrimonio y desempeño de los agentes, y separó a miles de ellos. Guatemala fue más lejos: mediante un acuerdo con la ONU estableció una Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, que investigó redes criminales dentro del Estado y fortaleció a fiscales y policías nacionales. El Perú necesita una Comisión Nacional Autónoma de Integridad y Transformación Policial, integrada por personas independientes y acompañada por cooperación internacional. Se trata de evaluar patrimonios, antecedentes, ascensos, destinos, compras y unidades sensibles; separar con debido proceso a quienes ostensiblemente no son idóneos y denunciar penalmente los delitos comprobados. Lima no podrá impulsar un sistema latinoamericano contra la criminalidad si no comienza recuperando su propia institución policial. Combatir al crimen exige recuperar primero al Estado desde dentro. Un nuevo gobierno es una oportunidad para enfrentar una situacion que está a la vista de todos y que al parecer nadie quiere ver.