El asesinato de Ezequiel Nolasco, exconsejero de la región Áncash, debe servir de llamado de atención a las máximas autoridades del Poder Judicial y el Ministerio Público, quienes deberían iniciar, sin pérdida de tiempo, una limpieza total de las filiales de estas entidades en Chimbote, donde procesos por corrupción y hasta asesinato quedan por años entrampados para luego ser archivados.

La muerte de Nolasco ha encendido los ánimos y ha hecho que en Lima comiencen a darse cuenta de lo que sucede en el principal puerto ancashino desde hace muchos años, donde la violencia con tintes políticos actúa libremente y los “sindicatos” de construcción civil con color partidario delinquen y matan, al tiempo que el sistema de justicia se hace de la vista gorda por razones que jueces y fiscales deberían explicar.

Mientras eso ocurre, en Chimbote opera una prensa nauseabunda adicta al controvertido presidente regional de Áncash, César Álvarez, quien se ha sentido aludido tras el crimen de Nolasco y ha salido a afirmar que nada tiene que ver con ese hecho de sangre. Todo aquel que critica o cuestiona a este personaje, suele ser víctima de campañas de demolición por parte de los medios del oficialismo local que habría que ver quién paga.

El presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza; y el fiscal de la Nación, José Peláez, deberían tomar muy en cuenta la dudosa actuación de sus subordinados en el distrito judicial de Chimbote, pues la población de la zona está indignada al saber que la corrupción y el crimen avanzan sin que la ley ponga coto y coloque tras las rejas de una buena vez a los responsables.