Las investigaciones en el marco de los dos casos más emblemáticos de corrupción que han sacudido al país en los últimos años como son “Lava Jato” y “Los cuellos blancos del puerto”, que implican a políticos –incluso expresidentes– y magistrados del más alto nivel, están siendo ensombrecidas y salpicadas de dudas debido al mal manejo y las broncas internas que se están dando en el Ministerio Público a cargo de Zoraida Ávalos.

En el caso “Lava Jato”, las investigaciones contra las nauseabundas coimas pagadas por empresas brasileñas a autoridades y políticos podrían terminar de desdibujarse si es que el Equipo Especial no termina de armar los casos para proceder a denunciar a los investigados, a fin de que se inicien los respectivos juicios orales. Los efectistas y mediáticos pedidos de prisiones preventivas que además rebotan ante los jueces, no llevan a ninguna parte.

Aparte están los inicios de algunas investigaciones y ruidosas citaciones sin mayor sustento. Ahí están los casos del magistrado constitucional José Luis Sardón y Julio Guzmán. Tampoco olvidemos que no hace ningún favor a las investigaciones el hecho de que el fiscal José Domingo Pérez crea que todo aquel que critica su labor como integrante de una entidad pública sujeta al escrutinio de todos los peruanos, sea integrante de una banda criminal o un corrupto.

Si vamos al caso de “Los cuellos blancos del puerto”, con César Hinostroza y Walter Ríos a la cabeza, hoy somos testigo de cómo la fiscal Rocío Sánchez ha sido removida y está siendo objeto de actitudes hostiles hacia su labor, según ha denunciado al tiempo de advertir que está pensando en renunciar. Todo esto sucede, como bien anotó ayer el colega Ricardo Uceda en La República, mientras Pedro Chávarry y Tomás Gálvez están fuera de juego.

La lucha contra la corrupción que el país reclama, no puede tener sombras por encima. El Ministerio Público debe de estar a la altura de los retos. El afán de figuración, los odios, las agendas propias y quizá los rabos de paja de ciertos personajes, no pueden obstruir procesos que deberían ser impecables, pues si sucede lo contrario se estará haciendo un gran favor a los corruptos y sinvergüenzas que deben pagar por lo que han hecho.