Un nuevo “Vacunagate” ocurrió en el país hace poco. Esta vez sucedió en la región Loreto, donde seis personas, entre autoridades y exautoridades municipales y funcionarios del gobierno regional, se vacunaron sin estar en la primera línea de lucha contra el COVID-19 o ser mayores de 80 años. Como lo ocurrido meses antes en Lima con el expresidente Martín Vizcarra, ministros y allegados al dispositivo de poder, esta vez también saltaron las normas y decidieron inmunizarse desde sus poltronas de privilegio. En vez de hacer lo justo, hicieron lo que les convenía.
En medio de la grave crisis por la que atraviesa el país, estos casos solo generan más incertidumbre, interrogantes y dudas sobre el proceso de vacunación. En un contexto de sospechas nunca aclaradas, esta situación es lamentable y desintegra la esperanza por tiempos mejores.
Más allá que el Ejecutivo rechace estas irregularidades y exija investigaciones y acciones penales contra los responsables, no solo basta con decirlo, hay que hacerlo cuanto antes. No hay espacio en estos momentos para las medias tintas y para las comisiones de trabajo que dilatan sus resultados hasta Dios sabe cuándo. Los peruanos estamos hastiados de las actitudes pasivas ante los escándalos. Recuerden que la impunidad estimula el delito.
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