Una vez que Castillo fue vacado, y habiendo sido elegida como primera vicepresidente, la asunción de Boluarte fue, desde el punto vista constitucional, incuestionable, correspondiéndole culminar el periodo presidencial hasta 2026; sin embargo, el haber servido como ministra durante los 16 meses del gobierno golpista hacían su permanencia hasta ese año políticamente inviable.

Ella y el Congreso se dieron cuenta de esto rápidamente y los esfuerzos para recortar el mandato comenzaron de inmediato, a la par que el país caía bajo una asonada violentista coordinada y financiada por las frustradas huestes golpistas.

Tras un primer fracaso, y ante la presión de la opinión pública, el Congreso aprobó en diciembre pasado, con más de 90 votos, la reforma constitucional de recorte de mandato para presidente y congresistas para abril de 2024.

La ratificación de la reforma constitucional requería de una segunda votación, en la actual legislatura, con 87 votos o más; no obstante, gran parte de la clase política y muchos líderes de opinión veían las elecciones en abril y el cambio de mando en julio de 2024 como unas fechas demasiado lejanas.

Así, y al unísono con las marchas callejeras, se dedicaron a petardear el acuerdo alcanzado y cernir dudas sobre la viabilidad política y aritmética para alcanzar los 87 votos requeridos para ratificar el recorte. En esas circunstancias fue que, de manera sorpresiva e irresponsable, la comisión de Constitución del congreso decidió someter al pleno del Congreso un proyecto sustitutorio.

De esta manera, no se votó la ratificación del recorte, que ya tenía una votación aprobatoria, y se sometió a primera votación el nuevo texto, que fue abrumadoramente y previsiblemente rechazado.

En vez de mantener la presión para que ratifiquen lo preliminarmente acordado, el texto sustitutorio, que adelanta a diciembre de 2023, les dio el pretexto perfecto para boicotear lo acordado originalmente. Lo último que quieren gran parte de los congresistas, es renunciar a sus curules y las quincenas que las acompañan.

Al día de hoy no hay recorte de mandato, quedando sobre la mesa la culminación del periodo presidencial el 2026, tal como manda la ley, o forzar la renuncia o vacancia de Dina Boluarte y precipitar elecciones en 9 meses, sin reformas, bajo un gobierno de transición encabezado por el presidente del congreso.

Si se entiende que la política es el arte de lo posible, se debe entender también que lo perfecto es enemigo de lo bueno y que la racionalidad debe primar sobre el deseo. De tener elecciones, con reformas en abril de 2024, pasamos a no tener nada.

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