El 16 de marzo del 2020, conforme al artículo 137 de la Constitución, por la pandemia del COVID 19 se suspendieron los derechos constitucionales de libertad y la seguridad personales, inviolabilidad de domicilio, libertad de reunión y tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f) de la Constitución. Durante el 2020 se ha promulgado sucesivos decretos supremos, prorrogando el estado de emergencia sanitaria hasta el 31 de enero del 2021.

Desde octubre del año pasado se conocía que habría una segunda ola de contagios. Sin embargo, este y el anterior gobierno no enfrentaron lo previsible. Hoy, en plena alza de contagios, se carece de plantas de oxígeno, se dejó de lado la construcción de equipos de oxigenación por universidades del país, se pensó en la supuesta “inmunidad de rebaño” y no se organizó el sistema de salud de acuerdo con la emergencia sanitaria, todo esto pese a la caída del 14% del PBI, los más de 41,000 muertes, un millón 100 mil contagiados y, estar en los últimos lugares de los países que adquirirán vacunas.

Pese a las deficiencias del sistema público de salud, particularmente de la atención primaria, no se aplica el artículo 82 de la Ley General de Salud 26842: “En la lucha contra las epidemias, la Autoridad de Salud queda facultada para disponer la utilización de todos los recursos médico-asistenciales de los sectores público y privado existentes…”

No se aplica por el dogmatismo neoliberal de defensa irrestricta de la actividad empresarial privada, ignorando que la salud es un bien público, de interés colectivo y no puede ser manejada -en pandemia- con el interés privado del lucro. Necesitamos cambiar.