El sistema bancario se rige bajo los criterios que otorga una economía social de mercado con una escala de intereses referenciada por el Banco Central de Reserva (BCR). De acuerdo a estos criterios, que comparto plenamente, el Estado no puede intervenir en su regulación o cuestionar sus decisiones, si se dan en el marco de la ley, a pesar de que muchas de estas resultan onerosas y desproporcionadas. El concepto ha sido que en una economía regulada por la oferta y la demanda, si un cliente no está de acuerdo con el servicio de un banco, pues puede irse a otro que le otorgue las condiciones que requiera su necesidad. Esto, sin embargo, pocas veces es posible. Los bancos han alineado sus criterios de ganancia que, sospechosamente, se parecen unos a otros, y alimentan la idea de una concertación que la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) debería ya haber evaluado con rigurosidad. Así, la más grandes entidades financieras del país se han caracterizado por cobrar

intereses costosos y excesivos, que han rozado el abuso en muchos casos, sobre todo en los casos de tarjetas vinculadas a los créditos de consumo, llevando a miles de clientes -que tampoco están exentos de responsabilidad- a deudas impagables, reportes a centrales de riesgo, cobranzas coactivas y embargos. Otro mínimo ejemplo de ello es el interés que otorgan por los ahorros y los que cobran por un préstamo. La diferencia es sideral y no se puede justificar ni siquiera en el marco de un Estado liberal, que es el caso defiendo. Ahora la maledicencia de las entidades financieras del país ha vuelto a colocarse sobre el tapete al trascender que estudian cobrar intereses arriba del 5% para las Mypes que buscan ser parte del programa “Reactiva Perú”, que tiene un respaldo financiero del 98% por parte del Estado y una tasa de referencia de apenas 0.25%. Eso no se puede permitir. Si la SBS ha actuado hasta ahora con una incomprensible complicidad, es hora de que radicalice su supervisión y ponga, en este y otros casos, a la banca en vereda. Si el 2021 será un año del inicio de una serie de reformas, el salvajismo usurero de la banca peruana es una que también está pendiente.