Cada vez se tornan más evidentes los manejos oscuros de Alfonso López-Chau en el rectorado de la UNI y el uso político que le dio a su gestión, con indicios razonables de la comisión de delitos.

La imputación más seria que le hace la Fiscalía es la de peculado doloso. A lo que apunta el Ministerio Público es a demostrar que el candidato de Ahora Nación benefició con contratos en la UNI a miembros de su partido. Los montos no son menores.

Se trata de Carlo Magno Salcedo Cuadros (secretario de Doctrina y Formación Política), Salvador Arévalo La Rosa (secretario de Industria y Emprendimiento) y Leandro Josué Gámez Ramos (presidente del Tribunal Electoral). A los tres militantes activos se les adjudicaron contratos por S/ 54,000, S/ 75,000 y S/ 32,000, respectivamente.

¿Puede ser casualidad que en pleno proceso de formación política de Ahora Nación estos tres personajes hayan obtenido lícitamente estos servicios de quien iba a ser, precisamente, su candidato presidencial?

Pero hay más. Según Panorama, López-Chau, antes de renunciar a la UNI, creó allí el programa “5 hélices para el desarrollo sostenible”, un ciclo de conferencias que iba a brindar en diversas regiones del país, con el escondido propósito de promocionar su candidatura.

Se gastaron en total 225 mil soles para las ponencias de López-Chau en el Callao, Chancay, Ucayali, Junín y Lima, pero aún más escandaloso es el caso de Jennifer Ponte Guerrero, candidata a diputada por Ahora Nación, que dictó en la UNI un taller para jóvenes interesados en ser influencers. ¿La UNI formando influencers?

Todo indica que López Chau hizo de la UNI su chacra (aunque no tuvo el tractor de AFF) y la Fiscalía debe esclarecer la magnitud del delito cometido.