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La responsabilidad penal por la que debe responder la exalcaldesa Susana Villarán, por haber recibido millonarios aportes de empresas abiertamente corruptoras como Odebrecht y OAS mientras negociaban contratos con la Municipalidad de Lima, tiene que hacerse extensiva a todas las personas relacionadas con estas acciones, que resultaron lesivas para la capital del país y sus casi 10 millones de habitantes.

En una municipalidad, las decisiones no las toma un alcalde dando un golpe sobre la mesa y afirmando que las cosas se hacen como él quiere. Es evidente que de por medio hay un cuerpo de regidores con una mayoría afín al burgomaestre y otros funcionarios técnicos que tienen que dar su aprobación para la toma de decisiones.

Los contratos con Odebrecht y OAS que hoy cuestan millones a los limeños y a las arcas ediles no pudieron ser otorgados por la señora Villarán por sí sola. Eso es imposible. Por eso en Correo creemos que el Ministerio Público debe profundizar sus investigaciones y llegar a todos los que se habrían coludido con la exalcaldesa, que ha admitido un delito, aunque por estrategia prefiera llamarlo “error”.

Ante la justicia no puede haber “vacas sagradas”, por más que la peguen de moralizadores o de honestos frente a los medios. Lo que habría existido en la Municipalidad de Lima en tiempos de Villarán, siguiendo los estándares del Ministerio Público de hoy, tranquilamente calza con la figura de una organización criminal, la que no puede haber sido integrada únicamente por la exalcaldesa. ¿El brazo de la justicia también alcanzará a los demás, como ha sucedido en otros casos?